Hoy estoy triste. No sólo porque se cumple un aniversario que debería ser celebrativo y no lo es, sino porque he asistido a la escenificación de la banalidad del mal.

Esta mañana me tocaba participar en la tertulia del programa informativo Buenos días, Aragón, de Aragón TV, donde colaboro, y el invitado era el consejero autonómico de Sanidad, Ricardo Oliván. El formato de esa parte del programa, llamada Mesa de redacción, incluye una entrevista al invitado correspondiente, que conduce el presentador, Pablo Carreras, y al final, se abre turno de preguntas para los colaboradores. Normalmente, nos da tiempo a formular dos o tres cuestiones cada uno, pero esta vez ha apremiado el reloj y solo hemos podido plantear una. Yo llevaba cuatro preparadas y tenía la esperanza de lanzar al menos dos, pero he tenido que jugármelo todo a una bala. Me ha dado rabia, la verdad, porque muchos de quienes me seguís sabéis de sobra que el deterioro de la sanidad pública es una de las cosas que más me preocupan y me joden de todo lo que está pasando, y este encuentro en directo en una televisión con el máximo responsable aragonés del asunto me parecía una ocasión que no podía desperdiciar. Creo que la he aprovechado muy parcialmente, pero, dadas las circunstancias, también creo que he disparado bien.

Si pincháis en este link (aquí), podréis ver mi pregunta y su respuesta a partir del minutaje 01:02:40.

Mi pregunta ha sido: Si en un servicio de urgencias, a un inmigrante irregular sin tarjeta sanitaria se le diagnostica una enfermedad crónica o muy grave que requiera un tratamiento costoso y continuado, ¿qué se hace con esa persona? ¿Tiene derecho a un tratamiento oncológico o se le programa un trasplante de riñón? ¿La sanidad pública española le va a atender?

Porque a mí me fastidiaba mucho que Rajoy y toda su corte insistieran en que la negación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares no implicaba que se les dejara desatendidos, que seguían teniendo derecho a las urgencias. Yo quería desmontar lo falaz de esa proposición: si las urgencias no pueden derivar a sus pacientes a otros servicios, no son más útiles que un botiquín casero de primeros auxilios.

El consejero ha dilatado la respuesta, planteando el supuesto conocido de la compensación, algo factible para un inglés o un noruego. Es decir, que se le puede atender y luego se pasa la factura al ministerio de salud de su país o se le deriva directamente a su país. Pero esa no era la cuestión, como cualquiera puede suponer. Me refería a quienes proceden de países donde no van a ser atendidos o que no van a reembolsar a España los gastos sanitarios.

«En el caso que has comentado, la legislación actual impide que atendamos a esas personas».

O sea —he insistido—, que les mandaríamos a casa. «Así es», me ha constestado. Y no podrían acceder a ningún tipo de asistencia, he vuelto a insistir. «No», ha vuelto a responder.

La verdad es que agradezco la honestidad del consejero Oliván. Otros políticos habrían mareado mucho más la perdiz, habrían eludido la respuesta con datos, sofismas o consignas demagógicas. Él ha contestado con claridad y sin apenas maniobras de despiste. Pero lo que a mí me parece aterrador, además de la situación en la que estamos, es que un alto cargo público pueda afirmar con tranquilidad que la administración que él gestiona va a cruzarse de brazos (está cruzándose de brazos, de hecho) ante la muerte de personas que requieren su ayuda. Que tenga los medios, los profesionales y la capacidad suficientes para atender a esas personas pero que no lo vaya a hacer, sabiendo que su inacción llevará a esos pacientes (que son sólo enfermos, no pacientes, ya que no están atendidos por médico alguno) a una muerte cierta e indigna.

Esa es la banalidad del mal, esa es la obediencia debida, esa es la tranquilidad que da la legislación vigente, el yo-soy-un-mandao. Tengan la seguridad de que ni una sola de esas muertes pesará sobre la conciencia del consejero, porque no se siente concernido por ellas, porque él, simplemente, cumple órdenes, ejecuta su papel en la función, recita su texto y hace mutis. Es honesto que conteste así, pero a mí me aterra comprobar que alguien tenga la sangre fría necesaria para afirmar con la mayor de las tranquilidades que van a negarle hasta una aspirina a un enfermo de cáncer, que no va a haber ni un gramo de insulina para los diabéticos y que un enfermo renal ni siquiera va a tener un colchón sobre el que agonizar (no ya una máquina de diálisis).

Al menos, se lo he hecho decir. De poco servirá, pero que por lo menos, lo digan, que no nos vengan con rollos.

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