Esto apareció publicado ayer en mi columna dominical «La ciudad pixelada», de Heraldo de Aragón. Como el periódico no cuelga en la web los contenidos de la edición impresa, me ha parecido pertinente ofrecer este artículo en el blog. Estoy abierto al debate. Rectificación: estoy abierto al debate, pero no a aguantar a gilipollas anónimos.

La Sociedad Española de Oncología Médica ha reconocido lo que resultaba evidente desde hacía mucho tiempo: que la atención a los enfermos de cáncer se ha deteriorado y que algunas comunidades ponen trabas para acceder a medicamentos caros o que se salen de los protocolos. Los médicos denuncian presiones para abaratar costes y los especialistas tienen cada vez más problemas para prescribir fármacos importados. Pagamos cada vez más impuestos, pero son para abonar los intereses de la deuda. Primero, los bancos. Y, si queda algo, los enfermos.

Yo me sentía orgulloso de vivir en este país. No por patriotismo, sentimiento que nunca he experimentado, sino por una vivencia propia: cuando mi hijo fue diagnosticado de leucemia, todo un sistema sanitario puso lo mejor de la ciencia al servicio de su curación. No lo mejor que tenían, ni siquiera lo mejor que podía encontrarse en España: lo mejor de la ciencia. Cuando la enfermedad se hizo más fuerte que todo y que todos, nuestras doctoras dijeron: «Se ha hecho todo lo que la ciencia es capaz de hacer.» Y me consta que así fue, que ni en Houston ni en Laponia hubieran encontrado mejores soluciones. A mi hijo incluso le diseñaron un tratamiento a la carta con especialistas de tres hospitales y medicación importada de Alemania. No se escatimó ni en medicinas, ni en talento, ni en recursos. Se probó todo lo que el conocimiento científico actual decía que se podía probar. Y un poquito más, experimentando con combinaciones terapéuticas nunca usadas en España, y todo, desde la sanidad pública.

Por eso estaba orgulloso de este país. Porque, con todas sus miserias, había alcanzado un consenso raro y maravilloso: que no se podía dejar morir a un niño de cáncer. Que no importaba el coste. Que la sociedad, a través del Estado, estaba dispuesta a dedicar todo el esfuerzo y los recursos que hicieran falta para curar a ese niño. Y si no se curaba, era porque la ciencia actual no sabía aún curarlo, no porque la sociedad española no hubiera hecho todo lo posible.

En menos de dos años, he pasado del orgullo a la vergüenza. Una vergüenza apestosa e infame que me conduce a plantearme seriamente el exilio. No por mí, sino porque ya no estoy nada seguro de querer que mi otro hijo, el que la enfermedad me ha respetado, crezca en una nación que va a consentir que los pacientes oncológicos mueran por no recibir la atención que merecen.

A mi hijo no le negaron ninguna posibilidad terapéutica. Ahora, señora ministra Ana Mato, si tiene tiempo después de barrer todo el confeti de las fiestas de cumpleaños de sus hijos, la invito a que acuda a una planta de Oncología Pediátrica y le diga usted misma a unos padres que el Estado no va a financiar tratamientos de cuarta línea (cuando las tres primeras han fracasado). Dígales que, si no se los pueden costear, dejará que su hijo muera. Ensaye una cara compungida y resignada y reclame resignación a su vez.

Mi hijo, aunque falleció, fue afortunado por disfrutar de un país que creía que su vida lo valía todo. Mi hijo menor, aunque está vivo, no tiene esa suerte.

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